Roberto Santos
Hay una sensación que genera molestia cuando uno ve la agresión en contra de una señora afuera de la escuela en Chilpancingo: ¿qué tan convencido de su poder tiene que sentirse un hombre para derribar a una mujer, arrastrarla y cortarle el cabello en plena calle, frente a una escuela, ante la mirada de otras personas y de su propia hija?
No podemos saber si el agresor se consideraba impune, pero su conducta exhibe una alarmante disposición a ejercer violencia sin detenerse ante el espacio público, los testigos ni las consecuencias que pudiera enfrentar.
El episodio ocurrió frente a la primaria José María Morelos y Pavón, cuando la mujer llegaba con su hija menor. De acuerdo con los testimonios, el hombre que había sido su pareja se abalanzó sobre ella, la tiró al suelo, la arrastró y le cortó el cabello con unas tijeras.
Fueron padres de familia quienes intervinieron para someterlo y quitarle el instrumento de la agresión. Un agente de Tránsito municipal lo esposó y encontró un cuchillo oculto en una de sus botas.
La familia de la víctima aseguró que ya existían denuncias y reclamó que no se le hubieran otorgado medidas de protección. Esas afirmaciones deberán esclarecerse, pero el reclamo pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿se pudo evitar esta agresión si las advertencias anteriores hubieran recibido una respuesta oportuna?
Lo sucedido no es un episodio aislado en términos del problema social que representa. Es una expresión visible de una violencia machista que miles de mujeres enfrentan en México, aunque no todas terminan en una calle, frente a una escuela o ante una multitud.
Muchas suceden en la intimidad de una vivienda, donde los golpes, las amenazas, las humillaciones, el control económico y las agresiones sexuales quedan escondidos detrás de las puertas.
Afuera puede parecer que todo está en orden; adentro, una mujer puede vivir sometida al miedo y aprender a medir cada palabra para evitar que su pareja estalle.
Las cifras oficiales ayudan a dimensionar el problema. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, del INEGI, estimó que 70.1 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más había experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
La violencia psicológica alcanzó 51.6 por ciento; la sexual, 49.7 por ciento, y la física, 34.7 por ciento. Son experiencias que pueden presentarse en distintos ámbitos y no deben sumarse entre sí, porque una misma mujer puede haber sufrido varias formas de violencia.
Guerrero tampoco escapa a esa realidad. En la misma encuesta, 53.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más reportó haber experimentado violencia psicológica a lo largo de su vida; 35.6 por ciento, violencia física; 40.9 por ciento, violencia sexual, y 30.3 por ciento, violencia económica, patrimonial o discriminación.
En los doce meses anteriores al levantamiento, la violencia psicológica afectó a 33 por ciento y la física a 11.7 por ciento. Los datos corresponden a 2021, por lo que sirven para mostrar la dimensión del problema, no para describir por sí solos la situación exacta de 2026.
Detrás de cada porcentaje hay historias que no necesariamente llegan a las noticias. Mujeres que callan por miedo a represalias, por dependencia económica, por proteger a sus hijos o porque temen que denunciar no cambie nada.
Y ese último temor no surge en el vacío. El propio INEGI documentó que, entre las quejas o denuncias por violencia física que recibieron las autoridades, en 26.4 por ciento de los casos las autoridades no hicieron nada o la mujer desconocía qué había ocurrido; en 32.3 por ciento no se ratificó la denuncia o no se castigó al agresor.
Estas cifras describen resultados reportados en la encuesta y no significan que todas las denuncias actuales reciban esa respuesta, pero evidencian una brecha preocupante entre denunciar y obtener justicia.
Por eso importa tanto lo ocurrido frente a la primaria. El agresor sabía que sería visto por otras personas y, aun así, actuó. Tal vez creyó que podía controlar a su expareja; tal vez buscaba castigarla o intimidarla.
Cuando alguien repite conductas violentas y no encuentra límites efectivos, el riesgo para la víctima puede crecer.
También está el significado de las tijeras. Cortarle el cabello por la fuerza a una mujer no es un simple cambio de apariencia. Históricamente, el rapado público se ha utilizado en distintas sociedades como castigo y marca de vergüenza y humillación.
En una relación violenta, esa agresión puede cumplir una función semejante: intervenir sobre el cuerpo de la mujer para hacerle sentir que alguien más decide por ella.
El cabello suele formar parte de la identidad y la imagen personal; cortarlo contra su voluntad puede ser una forma de castigar, intimidar y degradar.
Y hay una víctima que no debe quedar fuera de la historia: la niña que presenció cómo agredían a su madre. La violencia machista no lastima únicamente a quien recibe los golpes.
También alcanza a quienes la presencian, especialmente cuando son menores y la persona agredida es alguien de quien dependen para sentirse protegidos.
Una escuela debería ser un lugar de seguridad para la infancia, no el escenario donde una niña descubre hasta dónde puede llegar la violencia de un adulto.
Corresponde a las autoridades esclarecer los hechos, revisar los antecedentes que refiere la familia, investigar si hubo omisiones y determinar qué medidas de protección eran y son procedentes.
La prevención no consiste solamente en reaccionar cuando la agresión ya ocurrió; también exige escuchar a las mujeres cuando advierten que están en peligro.
Y lo que debe preocuparnos es que esa violencia pueda ejercerse a plena luz del día mientras otras mujeres la padecen en silencio, encerradas entre cuatro paredes.
La agresión de esta mañana es una escena concreta de un problema mucho más profundo: una sociedad en la que demasiadas mujeres todavía tienen que defender su libertad frente a hombres que confunden el afecto con la propiedad y el poder con la violencia.
Si las instituciones quieren cambiar esa realidad, no basta con detener al agresor que quedó expuesto ante todos; hay que proteger a la mujer que denuncia en privado, a la que vive amenazada en su propia casa y a la que aún no se atreve a pedir ayuda por miedo a que nadie llegue a tiempo.
