✍️ Flor Miranda Mayo
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una nueva línea de investigación coloca al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y a Funerales El Ángel en el centro del caso. Familiares de un médico forense detenido sostienen que la versión atribuida a los testigos protegidos “El Neto” y “Juan” —a quien identifican como “El Gil”— no resiste una reconstrucción de las condiciones que prevalecían en el lugar la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La llamada “tesis de las funerarias” plantea que los estudiantes fueron asesinados, sus cuerpos desmembrados y posteriormente trasladados en bolsas hasta las instalaciones de la funeraria de Iguala, ubicadas en el mismo predio donde operaba Semefo, para posteriormente desaparecerlos mediante cremación.
De acuerdo con los familiares entrevistados, esta hipótesis se desprende principalmente de las declaraciones de dos testigos protegidos incorporadas a las investigaciones.
Uno de ellos, identificado como “El Neto”, en la carpeta de investigación, narró que se encontraba acompañado del “Pato”, cuando fue llamado por el Negro a la bodega del Coyote, para darle la orden del traslado de restos humanos de los normalistas, en bolsas de plástico a Funerales El Ángel, en donde ya los estaban esperando para cremarlos.
Según lo que recuerdan los familiares de la carpeta de investigación, los testigos habrían señalado que los cuerpos fueron desmembrados y colocados en bolsas, las cuales posteriormente fueron trasladadas en camionetas hasta el SEMEFO.
El relato establece que el traslado se habría realizado durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, llevando progresivamente las bolsas con los restos de los estudiantes.
Sin embargo, los familiares del médico forense Julio César Valladares cuestionan un elemento que consideran fundamental: cómo pudieron introducirse durante horas numerosas bolsas con restos humanos a un inmueble que, aseguran, estaba fuertemente vigilado y con acceso restringido.
“Había demasiada gente”
Osiris Ramírez Salgado, esposa del doctor Valladares, estuvo aquella madrugada en las instalaciones del Semefo, pues lo acompañó a trabajar.
Su recuerdo contrasta con la versión atribuida a “El Neto”.
Afirmó que el lugar estaba prácticamente tomado por autoridades debido a la gravedad de los hechos.
Había elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Policía Federal, además de ministerios públicos, peritos, criminalistas y médicos forenses.
“Era muy complicado ingresar”, sostuvo.
De acuerdo con su relato, el acceso estaba controlado y únicamente podían entrar personas relacionadas con las diligencias o con las labores que se desarrollaban alrededor de los cadáveres.
María de Jesús Valladares Baranda, hermana del médico detenido, considera inverosímil que integrantes de la delincuencia organizada hubieran podido ingresar repetidamente durante la noche y madrugada con bolsas que contenían restos humanos sin ser detectados cuando la funeraria y Semefo se encontraban plagadas de elementos de seguridad.
“La nueva tesis consiste en que, a través de la funeraria, la delincuencia desaparecía cuerpos producto de la comisión del delito… Al estar juntos el Semefo y la funeraria, se hacía con la anuencia o la omisión de Semefo y de la Secretaría de Salud municipal”, dice la hermana al recordar la denominada tesis de las funerarias.
De los testigos dijo: “En la carpeta se habla de dos testigos protegidos del Neto y Juan; por lo menos uno de los dos menciona que en la fecha de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 menciona este delincuente que destazaron a los chicos, los cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa, y que los cuerpos destacados en esos dos días, 26 y 27, ellos los llevaron a Semefo en diferentes bolsas; en un lapso de 4 horas estuvieron llevando los cuerpos con la finalidad de desaparecer los cuerpos, eso es lo que comenta el testigo protegido…”. “.
“… “Recuerdo muy bien que él declaró que fueron bolsas y que en un lapso de 4 horas fueron llevándolos los cuerpos de los normalistas”, narra.
Dijo que en su declaración no menciona a quién específicamente le entrega los cuerpos.
El punto que, aseguran, derriba la hipótesis: no había horno crematorio.
Los familiares agregan un segundo elemento.
La versión atribuida a los testigos protegidos plantea que los restos fueron llevados a Funerales El Ángel, ubicada junto al SEMEFO, para ser incinerados.
Pero los entrevistados aseguran que en septiembre de 2014 Funerales El Ángel no contaba con horno crematorio.
Según su testimonio, el horno fue construido años después y comenzó a utilizarse particularmente durante la pandemia de covid-19, cuando incluso se recibían cuerpos procedentes de otros municipios.
Indicó que, aunque hubiera un horno crematorio, sería imposible que los elementos de seguridad no se percataran de la cremación cuando un solo cuerpo tarda más de 4 horas en incinerarse y es notorio.
Pero, aseguran, esa infraestructura no existía en 2014.
Para los familiares, esto representa una contradicción material que debe ser confrontada con la investigación.
SEMEFO y Funerales El Ángel compartían el predio
La cercanía entre ambas instalaciones es uno de los elementos utilizados para sostener la nueva hipótesis.
Los familiares explican que el SEMEFO operaba en instalaciones proporcionadas mediante un convenio con Funerales El Ángel, debido a una carencia histórica de infraestructura propia del Servicio Médico Forense de Iguala.
El convenio, según explicaron, permitía que la empresa proporcionara instalaciones adecuadas para que el SEMEFO realizara las necropsias y cubriera determinados servicios del inmueble.
Pero compartir el predio, advierten, no significaba que el personal del SEMEFO tuviera libre acceso a las áreas privadas de Funerales El Ángel.
La entrada de cadáveres se realizaba por una zona específica y el acceso a las cámaras frigoríficas y salas de necropsia estaba restringido.
Las áreas de Funerales El Ángel, explicaron, permanecían separadas de las correspondientes al trabajo forense.
Las bolsas encontradas años después
La investigación también contempla el hallazgo de bolsas con restos óseos durante cateos realizados en 2025. Una incluso etiquetada con el año 2014.
Los familiares aseguran que en la carpeta se habla de dos bolsas diferentes.
Una habría sido localizada en las oficinas de Funerales El Ángel, dentro de un mueble, mientras que otra fue localizada posteriormente dentro de los refrigeradores del SEMEFO.
La segunda, según recuerdan, estaba identificada con una referencia al año 2014.
Aquí surge otro de los cuestionamientos de los familiares: ¿cómo permaneció una bolsa con restos óseos dentro de las instalaciones del SEMEFO durante años sin ser detectada en diligencias anteriores?
Según los entrevistados, la primera diligencia ocurrió el 9 de octubre de 2025 y posteriormente se realizaron cateos los días 8 y 9 de diciembre de ese mismo año.
Para ellos, resulta necesario determinar quién tuvo acceso a las instalaciones, qué revisiones se habían realizado previamente y por qué esos restos no fueron localizados antes, cuando ya habían pasado años y una de las bolsas estaba a simple vista en un librero del recibidor.
“No hay evidencia científica”
Los familiares consideran que la nueva hipótesis se apoya principalmente en los dichos de los dos testigos protegidos. Pero no se toma en cuenta que durante la noche del 26 Iguala estaba tapizada de seguridad por todos lados.
“Cuando el doctor Valladares ingresa o llega a las instalaciones del Semefo, las instalaciones estaban resguardadas por parte de la Sedena, por parte de la Marina, estaba la Policía Federal, recuerdo en aquel entonces; había mucha gente por parte de la Fiscalía, Ministerio Público, peritos, criminalista y los médicos del servicio, más los proceptores, más personal de la funeraria, ingresar era algo complicado, aparte de que era demasiada gente”, recordó la esposa.
Cuestionan que, después de casi 12 años, sus declaraciones, de los testigos protegidos, puedan convertirse en la base para responsabilizar a médicos forenses y a los propietarios de Funerales El Ángel sin que existan pruebas científicas que demuestren que los 43 estudiantes fueron llevados al SEMEFO y posteriormente incinerados ahí.
Su principal reclamo es que los dichos deben ser confrontados con la evidencia material.
¿Hay registros de ingreso? ¿Existen imágenes? ¿Hay evidencia de los traslados? ¿Dónde está la evidencia de un horno crematorio en 2014? ¿Qué funcionario recibió los cuerpos? ¿Dónde están las cadenas de custodia?
Son algunas de las preguntas que consideran que deben responderse antes de dar por válida la hipótesis.
Las dos versiones frente a frente
De un lado está la declaración atribuida a “El Neto”, quien, según los familiares, habría descrito el traslado de bolsas con restos de los normalistas hacia la funeraria y su posterior entrega para ser desaparecidos por parte de los encargados de las funerarias.
Del otro están las condiciones que, según los familiares del médico forense, existían aquella madrugada: un inmueble bajo vigilancia de fuerzas de seguridad, acceso controlado, presencia de ministerios públicos y peritos, protocolos de recepción de cadáveres, la realización de necropsias y trabajos periciales con innumerables médicos y trabajadores de la Fiscalía y, según su testimonio, la inexistencia de un horno crematorio en Funerales El Ángel.
Para ellos, esos elementos deben ser investigados y confrontados antes de considerar válida la llamada tesis de las funerarias.
Los detenidos hombres fueron internados en el penal del Altiplano, mientras que las mujeres fueron recluidas al penal de Morelos; Rodolfo Rueda Mazón, Rodolfo Rueda Sebastián, Helen Queren Rueda Mazón, Violeta Rueda Barrera, padre, hijo, hija y esposa; esta última figura en los convenios de prestación de servicios en materia de medicina forense, entre la funeraria El Ángel y la Secretaría de Salud, como la dueña de la funeraria.
Mientras que Julio César Valladares Baranda, Ben Martínez Hernández y Cesar Manuel Espinoza Suastegui son los tres médicos detenidos. El primero, realizó la necropsia de uno de los normalistas asesinados; inició alrededor de las 7 de la mañana y concluyó a las 8:20 aproximadamente. Otra necropsia, la del normalista Julio César Mondragón Fontes, fue realizada por el médico Carlos Alartorre a las 15:45 de la tarde; estuvo presente el Ministerio Público José Manuel Cuenca Salmerón, según los certificados de defunción, que constan en la carpeta.
El médico Julio César Valladares inició la necropsia a las 7:00 de la mañana del 27 de septiembre, después de una larga noche de diligencias realizadas en el propio Semefo. Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, personal de la Fiscalía y peritos de Servicios Periciales intervinieron los cuerpos y realizaron las diligencias correspondientes.
Una vez que el Ministerio Público autorizó la intervención del médico forense, se procedió finalmente a la práctica de las necropsias. Es decir, durante gran parte de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre permaneció personal tanto de la Fiscalía como del Semefo en las instalaciones, antes de que el médico forense iniciara las necropsias.
Cómo funcionaba el Semefo de Iguala
Entre el Semefo de Iguala y Funerales El Ángel se firmó un convenio de prestación de servicios en materia de medicina forense. El primero fue en 2010, durante el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, siendo secretario de Salud Antonio Salvador Jaimes Herrera y director del Semefo Keinez García Leguízamo.
De 2011 a 2014, durante la administración de Ángel Aguirre Rivero como gobernador, con Lázaro Mazón Alonso como secretario de Salud y Edgar Lemus Delgado como director del Semefo en Guerrero, se continuó trabajando con los servicios de Funerales El Ángel.
De 2015 a 2021, durante la administración de Héctor Astudillo Flores, se continuó con el convenio. El acuerdo también continuó durante la actual administración de Evelyn Salgado Pineda, hasta que los servicios fueron cancelados a raíz de las investigaciones.
El convenio se realizó ante la falta de un espacio equipado con planchas para que el Semefo pudiera funcionar en Iguala. Consistía en que la funeraria proporcionaba un espacio para instalar la oficina donde se recibían los cuerpos y se realizaban las necropsias. Además, se encargaba del pago de todos los servicios, como agua, energía eléctrica y demás gastos necesarios para el funcionamiento del lugar.
Según el testimonio de un extrabajador, el beneficio para la funeraria consistía en tener el primer acercamiento con los familiares de los difuntos para ofrecerles los paquetes mortuorios, pues para que pudieran acceder al Semefo, antes tenían que ser atendidos por el encargado de la funeraria.
Antes de 2010, la funeraria que prestaba sus instalaciones al Semefo era Funerales Gutiérrez, pero con ellos no había una firma de convenio formal ni se hacían cargo de los pagos de servicios. Únicamente prestaban las planchas. Los dueños de esta funeraria ya han declarado en el caso.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la discusión vuelve a colocar a Iguala en el centro del caso, pero ahora con una pregunta adicional:
¿La declaración de los testigos protegidos puede sostenerse frente a las condiciones reales que existían en el SEMEFO y Funerales El Ángel durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014?
