• Congreso de Guerrero: Falsas narrativas
Por Guadalupe G. Carbajal
A raíz del escándalo generado luego de que se conoció la noticia de irregularidades financieras cometidas en el Congreso del Estado, la más grave relacionada con falsificación de firmas en cheques a diputados, se ha dejado correr la versión de un pleito interno entre el ex presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Urióstegui García y el actual, Joaquín Badillo Escamilla, algo muy alejado de la realidad.
Y no es que exista una relación cordial y afectuosa entre ambos personajes. Recordemos que Urióstegui se resistió a más no poder a entregar a su compañero el máximo cargo que existe en el Poder Legislativo. A la fecha, dicen las malas lenguas, sigue añorando y no se resigna a haber perdido ese espacio. Sin embargo, hay entre ellos una relación de institucionalidad, una especie de pacto de respeto e incluso de compañerismo.
Por eso extraña el afán de algunos medios de comunicación de inventar la falsa narrativa de que hay una ruptura no solamente dentro de la fracción de Morena, sino del mismo grupo político al que pertenecen ambos personajes, el que comanda el senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Por cierto, Jesús y Jacko asistieron por lo menos a las últimas tres asambleas informativas que encabezó el llamado Toro sin Cerca, en donde se encontraron, se saludaron e intercambiaron impresiones.
Otra falsa narrativa es en el tema de los cheques con firmas falsificadas. Como institución, no es el Congreso del Estado el que originó la carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado, sino una diputada en particular, en calidad de víctima. Si hubo alguna información que se filtró a la prensa, provino de algunas de estas dos últimas fuentes
Lo que sí está haciendo el Congreso, de acuerdo a la información disponible, es atender un requerimiento de información que le hizo la Fiscalía, colaborando con la investigación. Sin embargo será la autoridad ministerial la que determine alguna responsabilidad de quien la tenga, basándose en pruebas, no en lo que escriban o especulen los medios de comunicación.
Hasta el momento, lo único claro es que las presuntas irregularidades denunciadas ante la FGE por la diputada Guadalupe García Villalva, como víctima de falsificación de su firma, ocurrieron durante los últimos seis meses de gestión de Urióstegui (de enero a junio de 2026), antes de que Joaquín Badillo asumiera la presidencia de la JUCOPO.
Y que quienes dirigen el Congreso actualmente se han conducido de manera institucional y con responsabilidad, poniendo a disposición de la autoridad ministerial la información que legalmente les ha sido requerida, en observancia de los principios de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y colaboración.
