David Martínez Téllez
Analista político, comunicólogo y académico UAGro
Destapar una, cualquier cloaca, es una decisión trascendental. Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado de Guerrero, se echó a cuestas ese difícil juicio.
Es natural que, en una situación de partido hegemónico, como lo tenemos con Morena, se celebre la impunidad. Todo se vale, menos que se exceda de cierto porcentaje. El que ellos hayan establecido.
Al revelar la información y pedir que investigue la Fiscalía General del Estado, Badillo Escamilla pisa no solo cayos, sino juanetes, porque al parecer es una estructura la que se encuentra involucrada en estos sucios menesteres.
Cuando son del mismo partido y este se calcula que va a volver a ganar las próximas elecciones, las arbitrariedades se ocultan.
Cuando afloran públicamente las anomalías, es reconocer que el nuevo gobierno exige honestidad.
En apenas 3 meses del gobierno de Badillo Escamilla encontró que se expidieron 50 cheques apócrifos a nombre de la diputada Guadalupe García Villalva.
Hasta donde se sabe, hubo falsificación de firmas. Y la Fiscalía General del Estado ya investiga. Han citado a Esli Joana Navarrete Cisneros y a Héctor Avilés Cruz, por ser los primeros sospechosos, ya que firman este tipo de documentos de manera mancomunada.
La información no especifica cantidad total de esos documentos balines. Según trascendidos, se estiman en 50 millones de pesos el fraude.
Los cheques fueron expedidos entre septiembre de 2024 y junio de este año; es decir, antes de la toma de posesión de Badillo Escamilla. Antes estuvo Jesús Urióstegui, quien hoy busca ser candidato a la presidencia municipal de Chilpancingo.
La investigación de la FGE nos revelará si tuvo conocimiento el anterior titular de la JUCOPO, o peor, si se llegara a encontrar involucrado. El futuro político de Urióstegui pende de las pesquisas legales.
La sociedad debería apoyar disposiciones que reprueben el mal manejo de recursos.
