Por Enrique González Guerrero
Focos rojos en la Costa Chica; urge la intervención de las autoridades del transporte.
La nueva ruta de transporte Pinotepa Nacional-Acapulco enfrenta sus primeros conflictos. La mañana de este viernes, choferes de la Costa Chica retuvieron unidades de este servicio, dejando a pasajeros varados, en medio de la inconformidad por la apertura de nuevas opciones de transporte.
Transportistas organizados han manifestado públicamente su rechazo a que operen rutas provenientes de otras entidades, argumentando que afectan sus intereses. Esta situación recuerda lo ocurrido en Chilpancingo con unidades de la empresa de transporte por aplicación Pronto, cuyos vehículos fueron enviados al corralón.
Ahora, el conflicto se traslada a la Costa Chica, donde la retención de unidades vuelve a poner sobre la mesa el debate entre los intereses de los transportistas establecidos y el derecho de los usuarios a contar con alternativas de movilidad.
Durante años, usuarios del transporte han expresado inconformidades por la calidad del servicio y la saturación de algunas unidades. Entre las quejas está que vehículos con capacidad para cuatro pasajeros llegan a trasladar cinco o seis personas, situación que genera incomodidad y cuestionamientos sobre la seguridad del servicio.
Ante este escenario, cabe preguntar: si la nueva ruta cuenta con los permisos y la documentación exigidos, ¿por qué impedir su operación mediante la retención de unidades? Corresponde a las autoridades verificar la legalidad del servicio y actuar conforme a derecho, sin que las diferencias entre transportistas terminen afectando a la ciudadanía.
El problema de fondo es el derecho de los pasajeros a trasladarse con seguridad, comodidad y libertad de elección, sin quedar atrapados en disputas por el control de las rutas.
Los focos rojos están encendidos en la Costa Chica. Las autoridades del transporte deben intervenir oportunamente, esclarecer los hechos y evitar que el conflicto escale a mayores consecuencias.
Porque, al final, quienes menos deberían pagar las consecuencias de esta disputa son los usuarios del transporte público.
