Transportistas aseguran que sancionan a choferes por cobros excesivos e incluso devuelven dinero a usuarios; el debate por los taxis por aplicación ocurre en medio de denuncias ciudadanas por tarifas elevadas.
Flor Miranda Mayo
Chilpancingo, Gro., 3 de septiembre de 2026.- La discusión por la posible entrada de taxis por aplicación a Chilpancingo abrió un nuevo frente sobre la regulación del transporte público: en la capital de Guerrero no existe una tarifa mínima oficial y actualizada para el servicio de taxi desde 1998, por lo que los cobros pueden variar y, en los hechos, los propios transportistas aseguran encargarse de sancionar a los conductores que consideran que cobran de manera excesiva.
La revelación fue hecha por Arturo Godínez Alarcón, presidente de la Movilidad de Transportistas y Organizaciones del Estado de Guerrero (MUTOEG), en medio del debate generado por la posible incorporación de plataformas digitales de transporte privado a la capital, propuesta que ha encontrado resistencia entre organizaciones de transportistas.
El dirigente reconoció que actualmente se trabaja con la Dirección de Transportes del estado para establecer una tarifa mínima para los taxis en Chilpancingo, con propuestas que van de 60, 70 y hasta 80 pesos, pero ninguna de estas cantidades se encuentra oficialmente establecida como un tabulador vigente, por lo que queda a consideración de los taxistas el monto a cobrar.
El último referente formal, explicó, data de 1998.
Desde entonces, el costo de los viajes se ha ido modificando mediante acuerdos y conforme a las condiciones del servicio, pero sin una actualización oficial de la tarifa mínima que permita al usuario conocer de antemano cuál es el costo autorizado para un traslado y cuánto es lo que tendría que pagar.
La situación cobra especial relevancia ahora que se discute la llegada de taxis por aplicación, pues la posibilidad de que los usuarios puedan comparar precios, conocer el costo antes de abordar y elegir entre distintos prestadores de servicio ha puesto bajo la lupa las condiciones en las que actualmente opera el transporte tradicional en Chilpancingo.
En redes sociales existen quejas de ciudadanos por cobros que consideran excesivos, particularmente ante la ausencia de un tabulador actualizado que permita determinar de manera objetiva cuándo una tarifa rebasa lo permitido.
Godínez Alarcón sostuvo que los transportistas cuentan con mecanismos para recibir reportes de los usuarios y que, cuando un conductor excede el monto que consideran razonable, son los propios organismos del transporte quienes reportan o sancionan al chófer.
Incluso afirmó que en algunos casos los conductores han tenido que devolver al usuario el excedente cobrado o, dependiendo de la situación, reembolsar el monto del servicio.
Sin embargo, son los mismos transportistas quienes determinan oficialmente cuánto es demasiado, dado que no existe una tarifa mínima vigente y actualizada.
El dirigente transportista explicó que la autoridad puede intervenir ante cobros excesivos y aplicar sanciones, pero reconoció que la solución definitiva consiste en realizar un estudio socioeconómico y establecer una tarifa mínima oficial; sin embargo, las autoridades llevan casi 3 décadas sin hacerlo.
Mientras esto ocurre, el usuario no cuenta con un referente actualizado que le permita saber con certeza cuánto debe pagar por un viaje antes de abordar un taxi, y son los trabajadores del volante los que fijan el precio por servicio.
El dirigente justificó la necesidad de actualizar las tarifas debido al incremento en los costos de operación. Señaló que las refacciones, combustible y mantenimiento de las unidades han aumentado considerablemente, mientras que los tiempos de traslado se han prolongado por el tráfico y las condiciones de las calles.
Indicó que actualmente un servicio puede tomar entre 30 y 40 minutos, cuando anteriormente un conductor podía realizar tres o cuatro viajes por hora; ahora, dijo, en ocasiones apenas consigue efectuar dos.
No obstante, insistió en que cualquier incremento debe realizarse sin afectar de manera desproporcionada a los usuarios y, si en este momento no hay una tarifa fija, es “por el bien de los usuarios”.
