Nuevo escándalo en Iguala: alcalde es cuestionado por sus “lujos”
FLOR MIRANDA
Iguala, Guerrero.— El alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón, volvió a quedar bajo el escrutinio público por el uso de una camioneta Suburban blindada cuyo valor puede alcanzar o superar los tres millones de pesos, de acuerdo con el modelo, equipamiento y nivel de protección.
Con un salario neto de 88 mil 003 pesos mensuales, el presidente municipal tendría que trabajar y ahorrar 34 meses completos, es decir, casi dos años y 10 meses, para reunir tres millones de pesos y pagar una unidad de ese valor, sin destinar un solo peso de su sueldo a comida, vivienda, transporte, servicios o cualquier otro gasto.
Catalán Rendón asumió el cargo el 30 de septiembre de 2024, por lo que lleva alrededor de 23 meses como presidente municipal. Es decir, incluso si hubiera guardado íntegramente cada peso de su salario desde que llegó al Ayuntamiento, todavía no habría alcanzado los tres millones.
El propio alcalde sostiene que la camioneta es de su propiedad y cuenta con más de 30 años de trabajo y negocios particulares que le permiten adquirir bienes con sus ahorros.
“Buenas noches y para los que no pueden dormir por la camioneta, les aclaro:”
Llevo trabajando más de 30 años, además de tener negocios propios, por lo que puedo comprar lo que mis ahorros me lo permitan.
Y remató:
“Cuando uno trabaja, es para disfrutar lo que gana.”
Sin embargo, el alcalde no ha informado públicamente cuánto pagó por la camioneta y solo contestó a los cuestionamientos del periodista que le cuestionó: “¿Y esa camioneta, alcalde?”.
Una Suburban nueva de alta gama supera los dos millones de pesos y, al incorporar un sistema de blindaje, el precio puede superar los tres millones, dependiendo de las características de protección.
EL SALARIO DEL ALCALDE, TAMBIÉN CUESTIONADO
El caso cobra mayor relevancia por los cuestionamientos que la regidora María del Rosario Bustillos Muñoz ha realizado sobre las percepciones del presidente municipal.
La información actual sobre el salario de Catalán Rendón establece una percepción de 117 mil pesos mensuales, de la cual, después de descuentos, recibe aproximadamente 88 mil 003 pesos netos.
Bustillos Muñoz ya había denunciado públicamente el elevado salario del alcalde y señaló que su percepción mensual superaba los 127 mil pesos brutos, una de las cifras que desató una confrontación dentro del Cabildo.
El contraste resulta evidente: un alcalde que percibe 88 003 pesos netos al mes necesitaría casi tres años de salario íntegro para reunir tres millones de pesos, mientras asegura que el vehículo proviene de sus ahorros y de los ingresos generados por sus negocios. Es decir, tendría que invertir todo lo que gané en su administración intacto, para poder comprarla.
66 MILLONES PARA RENTAR CAMIONES DE BASURA
A los cuestionamientos que ha recibido el alcalde por los altos salarios dentro de su administración, se suma el contrato para arrendar 10 camiones compactadores de basura, operación que representa alrededor de 66 millones de pesos durante la vigencia del contrato.
La regidora Rosario Bustillos y Óscar García Rueda han cuestionado que, pese al monto que desembolsará el Ayuntamiento, las unidades no pasarán a formar parte del patrimonio municipal cuando termine el arrendamiento; es decir, el municipio terminará pagando millones de pesos por vehículos que finalmente no serán suyos.
LA “LEY MORDAZA”
La administración de Catalán Rendón también enfrentó críticas por el intento de modificaciones al reglamento interno del Ayuntamiento que integrantes del Cabildo calificaron como una “ley mordaza”.
Bustillos Muñoz denunció que las nuevas disposiciones restringían la posibilidad de que regidores y funcionarios proporcionaran información a medios de comunicación y ciudadanos.
La regidora incluso sostuvo que los cuestionamientos a las percepciones del alcalde fueron parte del contexto de la confrontación.
“Yo di a conocer que el alcalde tiene un salario mensual de 127 mil pesos brutos, y eso le molestó”, declaró en su momento la regidora.
El presidente municipal rechazó que las modificaciones tuvieran como objetivo censurar a los integrantes del Cabildo.
