Conflicto por un espacio que, según documentos del juicio 994/2024, sería propiedad federal
Por / Enrique González Guerrero
CHILPANCINGO, GRO.— El conflicto por la cafetería del Tecnológico de Chilpancingo sube de tono y amenaza con convertirse en un problema mayor si las autoridades no intervienen a tiempo.
En el centro de la controversia aparece Patricia Isabel Ortiz Arriaga, quien, de acuerdo con señalamientos y documentos relacionados con el juicio de amparo de distrito 994/2024, continúa ocupando el espacio de la cafetería pese a que el contrato que habría permitido su permanencia llegó a su término.
El punto delicado es que, según la documentación citada, el inmueble tendría carácter de propiedad federal.
A ello se suman señalamientos sobre la falta de pago de renta y de algunos servicios, entre ellos agua y energía eléctrica. De existir adeudos o alguna irregularidad en el uso del inmueble, serán las autoridades competentes las que deberán determinar responsabilidades y consecuencias jurídicas.
El sindicato ya notificó
De acuerdo con lo señalado por integrantes del SNTE, su secretario general Jorge Ventura Rendón, acompañado por integrantes de la mesa directiva, habría notificado a Ortiz Arriaga que el contrato concluyó y que correspondía entregar el espacio.
La respuesta, sin embargo, ha sido la continuidad del conflicto.
Ortiz Arriaga ha manifestado mediante videos que es objeto de hostigamiento, aunque dichos señalamientos, como cualquier acusación, deberán ser respaldados con pruebas y atendidos por las instancias correspondientes.
Mientras tanto, la directora del plantel, Arali Bárcenas Nava, tiene frente a sí un problema que no puede seguir creciendo sin atención institucional.
¿Intereses personales, económicos o políticos?
Lo que comenzó como una diferencia relacionada con el uso de un espacio escolar ahora genera cuestionamientos sobre posibles intereses personales, económicos e incluso políticos.
Y aquí surge la pregunta obligada:
¿Quién tiene la razón?
La respuesta no debe estar en videos, acusaciones, presiones sindicales ni confrontaciones.
Debe estar en los contratos, los documentos oficiales y las resoluciones de las autoridades competentes.
El juicio de amparo 994/2024 deberá aportar elementos para esclarecer la situación jurídica del inmueble y determinar los derechos que correspondan a cada una de las partes.
Antes de que ocurra una tragedia
La comunidad tecnológica necesita una solución antes de que el conflicto llegue a mayores.
Las autoridades educativas, sindicales y jurídicas tienen la responsabilidad de privilegiar el diálogo y hacer valer la normatividad, evitando que una disputa administrativa termine en un enfrentamiento.
El patrimonio federal no puede estar sujeto a intereses particulares.
Y si existe alguna irregularidad, que se investigue y se proceda conforme a derecho.
La cafetería del Tecnológico no debe convertirse en campo de batalla.
Que hablen los documentos. Que se escuche a las partes. Y que la autoridad determine quién tiene la razón.
