Miguel Ángel Santos
Ayer sepultaron al maestro Leví Peralta Regalado, de 44 años, asesinado a balazos dentro de la Escuela Secundaria Técnica número 69, en San Blas Atempa, Oaxaca.
Su muerte deja una pregunta que lastima y avergüenza: ¿en qué momento denunciar lo que está mal se convirtió en un riesgo para la propia vida, incluso dentro de una escuela?
De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, un día antes del ataque el profesor habría reportado ante la dirección escolar a un alumno por presunta venta de drogas y solicitado la presencia de su padre.
Al día siguiente, hombres armados ingresaron al plantel y le dispararon. La posible relación entre ambos hechos no ha sido confirmada oficialmente, por lo que corresponde a las autoridades esclarecer el crimen.
Leví habría hecho lo que se espera de un maestro comprometido: intervenir ante una situación que amenazaba el ambiente escolar y pedir que los padres asumieran su responsabilidad.
Pero ahora está muerto. Y aunque todavía no se ha establecido oficialmente el móvil del asesinato, la coincidencia entre el reporte y el ataque obliga a investigar a fondo si existe una relación entre ambos hechos.
El caso también exhibe una realidad que desde hace tiempo preocupa: el respeto a los docentes está por los suelos.
No solamente entre algunos alumnos, sino también entre padres de familia que, en lugar de reconocer la autoridad pedagógica del maestro, reaccionan contra él cuando una decisión escolar les incomoda.
Ahí está el caso de la madre que denunció a un docente por pedir a sus alumnos elaborar un croquis, un episodio que desató una discusión pública sobre los límites de la intervención de los padres y la autonomía del trabajo educativo.
Son situaciones distintas, con consecuencias muy diferentes, pero que reflejan una tensión creciente alrededor de la autoridad de quienes están encargados de enseñar.
Una cosa es cuestionar una decisión docente cuando existen razones para hacerlo y otra muy distinta convertir cualquier desacuerdo en una persecución contra el maestro.
La escuela no puede funcionar si el profesor tiene que medir cada palabra y cada decisión por miedo a una represalia.
Mucho menos si denunciar una conducta presuntamente delictiva puede dejarlo expuesto a la violencia.
Pero: ¿quién ha permitido que algunas personas actúen como si pudieran disponer de la vida de los demás o introducirse en el negocio de las drogas sin temor a las consecuencias?
La responsabilidad no puede atribuirse sin pruebas a una persona o institución en particular, pero sí debe exigirse a las autoridades que investiguen, prevengan, castiguen los delitos y desmantelen las redes que permiten que el narcotráfico encuentre espacios entre los jóvenes.
La impunidad no nace de la nada. Se alimenta cuando las denuncias no reciben respuesta, cuando las amenazas se normalizan, cuando las instituciones no actúan a tiempo y cuando la sociedad termina acostumbrándose a que la violencia resuelva lo que debería resolverse mediante la ley.
Si un estudiante vende drogas, debe investigarse; si hay adultos que lo protegen o participan en esa actividad, deben responder ante la justicia. Y si alguien amenaza a un docente por cumplir con su trabajo, el Estado tiene la obligación de protegerlo.
El valor de Leví Peralta merece reconocimiento, pero su muerte no debe convertirse en una invitación a que otros maestros hagan lo mismo a costa de su seguridad.
La valentía individual no puede sustituir la responsabilidad de las instituciones. Un docente no tendría que jugarse la vida para intentar proteger a sus alumnos.
¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si los maestros pierden autoridad frente a quienes deberían respetarlos y, además, tienen que temer por su vida cuando intentan poner orden?
Educar exige autoridad, respaldo familiar y protección institucional. Sin esos elementos, la escuela queda a merced de la intimidación y la violencia.
A Leví lo sepultan sus seres queridos, mientras las aulas pierden a un maestro.
Su asesinato debe esclarecerse y sus responsables deben enfrentar la justicia.
No se puede seguir permitiendo que cuando se intenta hacer lo correcto, puede costarte la vida. El problema no está en quien denuncia: está en una sociedad que ha dejado demasiado solos a quienes todavía intentan defenderla.
