CHILPANCINGO ARDEN POR LA DISPUTA DEL TRANSPORTE
(Javier Martinez)
Lo que comenzó como una protesta contra la plataforma Pronto ya se salió de control.
Transportistas comenzaron a realizar operativos en las inmediaciones de las terminales para detectar vehículos que presuntamente trabajan mediante la aplicación.
Los interceptan.
Los señalan.
Llaman al 911.
Y algunos vehículos terminan en el corralón.
Pero ahora viene lo verdaderamente preocupante:
YA HAY CIUDADANOS QUE DENUNCIAN PRESUNTAS RETENCIONES Y AMEDRENTAMIENTO.
Heidi Mastache denunció públicamente que en Chilpancingo le quitaron su vehículo y que fue retenida contra su voluntad en la zona de Estrella Blanca.
También acusó que personas presuntamente relacionadas con los operativos estarían utilizando la propia aplicación para solicitar viajes y localizar a conductores.
Si estos señalamientos son ciertos, no estamos frente a una simple protesta transportista.
Estamos frente a hechos que deben ser investigados.
Y el escándalo creció todavía más.
HASTA UN VEHÍCULO VINCULADO CON UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO TERMINÓ EN EL CORRALÓN.
Luis Alfonso Muñiz Mariano, titular de Becas Bienestar en Guerrero, denunció que trabajadores federales fueron rodeados mientras se dirigían a Iguala en comisión oficial.
Mostraron sus gafetes.
Explicaron que eran servidores públicos.
Aun así, el vehículo terminó retirado en grúa.
El funcionario denunció además presunto amedrentamiento verbal.
Entonces surgen preguntas que las autoridades ya no pueden esquivar:
¿QUIÉN AUTORIZÓ ESTOS OPERATIVOS?
¿CON QUÉ FACULTADES SE ESTÁN INTERCEPTANDO VEHÍCULOS?
¿QUIÉN ORDENA QUE UNA UNIDAD TERMINE EN EL CORRALÓN?
¿QUIÉN RESPONDE SI UN CIUDADANO ES RETENIDO INDEBIDAMENTE?
¿QUIÉN VA A INVESTIGAR LAS DENUNCIAS DE AMEDRENTAMIENTO?
Los transportistas tienen derecho a exigir que se cumpla la ley.
Pero no tienen derecho a convertirse en autoridad.
Si Pronto opera ilegalmente, que la autoridad lo determine.
Si existen conductores sin autorización, que sean las instituciones competentes quienes actúen.
Y si hubo abusos durante estos operativos, que también haya consecuencias.
Porque la ley no puede aplicarse a conveniencia.
NO PUEDE HABER UNA JUSTICIA PARA UNOS Y UNA PATENTE DE CORSO PARA OTROS.
Hoy es Pronto.
Mañana puede ser cualquier ciudadano.
Y por eso esta denuncia debe tomarse con seriedad.
QUE SE INVESTIGUE.
Que se identifique quién está organizando estos operativos.
Que se determine quién tiene facultades legales para detener vehículos.
Que se esclarezca el caso de la conductora que denuncia haber sido retenida.
Que se explique por qué un vehículo utilizado en una comisión oficial terminó en el corralón.
Y que, si existieron abusos, se finquen responsabilidades.
Porque defender una concesión es legítimo.
Detener ciudadanos por cuenta propia, amenazarlos o quitarles sus vehículos —si eso ocurrió— no lo es.
GUERRERO NO NECESITA MÁS AUTORIDADES DE FACTO. NECESITA QUE LAS AUTORIDADES HAGAN SU TRABAJO.
