Flor Miranda Mayo
A dos meses de su detención, el Congreso Nacional Indígena (CNI) exigió la libertad inmediata de Jesús Plácido Galindo, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y acusó que su encarcelamiento está relacionado con las denuncias que realizó contra el grupo criminal Los Ardillos y presuntas redes de protección política y financiera.
El dirigente indígena fue detenido el pasado 17 de julio de 2026, por lo que recientemente se cumplieron dos meses de que permanece privado de la libertad.
En un pronunciamiento difundido públicamente, el CNI sostuvo que Jesús Plácido Galindo había denunciado no solamente las actividades criminales atribuidas a Los Ardillos, sino también lo que calificó como un presunto entramado político y financiero que permitiría la operación y protección de este grupo en comunidades de Guerrero.
De acuerdo con la organización, el dirigente señaló que políticos estarían protegiendo y financiando al grupo criminal mediante recursos que pertenecen a las comunidades y que, según su denuncia, permanecen en los municipios para posteriormente ser entregados a integrantes de esta estructura.
El CNI afirmó que estas denuncias habrían colocado a Jesús Plácido Galindo en una situación de riesgo y cuestionó que, en lugar de investigar los señalamientos realizados por el dirigente indígena, se haya procedido contra él.
La organización indígena también denunció lo que considera una “guerra contra el CIPOG-EZ” y demandó que se detenga la criminalización de quienes, aseguró, han denunciado la violencia y la presencia de grupos delictivos en territorio indígena.
“Libertad inmediata para Jesús Plácido” y “Alto a la guerra contra el CIPOG-EZ” son las consignas utilizadas por el CNI para exigir su liberación.
El caso de Jesús Plácido Galindo se suma a las denuncias realizadas por comunidades y organizaciones indígenas de Guerrero sobre violencia, desplazamiento, desapariciones y asesinatos en distintas regiones del estado.
A dos meses de su detención, el CNI insistió en que las autoridades deben garantizar el debido proceso y revisar las acusaciones contra el dirigente, al tiempo que demandó su libertad inmediata.
