Flor Miranda Mayo/Guerrero
Chilpancingo, Gro., 5 de septiembre de 2026.- Primero fue desplazado de su comunidad por grupos delincuenciales que buscaban apoderarse de su patrimonio y, años después, desapareció. A seis años de no conocer su paradero, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” realizó una búsqueda en el ejido de Guamuchapa, municipio de Chilpancingo.
El organismo documentó el caso como un ejemplo de doble victimización, al señalar que la persona primero fue obligada a abandonar su lugar de origen y posteriormente fue víctima de desaparición forzada.
De acuerdo con el Centro Morelos, la víctima desapareció el 4 de septiembre de 2020; sin embargo, fue hasta 2022 cuando se inició la carpeta de investigación correspondiente.
El pasado 3 de septiembre de 2026, integrantes del organismo acudieron al ejido de Guamuchapa para realizar labores de búsqueda, aunque la víctima no fue localizada.
El Centro Morelos señaló que la desaparición forzada representa uno de los delitos más graves e inhumanos, debido a que mantiene a las familias en una situación permanente de incertidumbre al desconocer si su ser querido continúa con vida o dónde se encuentra.
El organismo cuestionó que mientras las autoridades destacan la reducción de homicidios, persistan las desapariciones y, con ellas, el sufrimiento de las familias que durante años buscan respuestas.
“Ni una madre o padre debería buscar a sus hijos en basureros o cerros”, señaló el Centro Morelos al describir las condiciones en las que familiares y colectivos realizan labores de búsqueda en Guerrero.
Advirtió que para las familias la búsqueda implica enfrentarse a escenarios particularmente dolorosos, como fosas clandestinas, cerros, basureros y zonas donde deben remover tierra, basura o cenizas con la esperanza de encontrar algún indicio que permita conocer el destino de su ser querido.
El organismo defensor sostuvo que la ausencia de una persona desaparecida mantiene abierta una herida para sus familiares, quienes no cuentan con un cuerpo que puedan sepultar ni con información que les permita saber qué ocurrió.
El caso de Guamuchapa, indicó, refleja además cómo las víctimas de la violencia pueden sufrir distintos agravios de manera consecutiva: primero el desplazamiento forzado de su comunidad y posteriormente la desaparición, mientras sus familiares quedan obligados a emprender una búsqueda que puede prolongarse durante años.
El Centro Morelos exigió que las autoridades fortalezcan las investigaciones y las labores de búsqueda, al considerar que las familias tienen derecho a conocer el paradero de sus seres queridos y a obtener verdad y justicia.
