Chilpancingo, Guerrero, 22 de octubre de 2025.-
La diputada Érika Isabel Guillén Román, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el objetivo de reordenar y precisar los conceptos de “tipos” y “modalidades” de violencia, para homologarlos con la Ley General en la materia.
Guillén Román destacó que Guerrero ocupa actualmente el sexto lugar nacional en violencia feminicida y que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), más del 60 por ciento de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. “La precisión conceptual en la ley no es una cuestión semántica, sino una condición indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la debida diligencia en la actuación del Estado”, subrayó.
Según la exposición de motivos, la legislación estatal vigente desde 2010 y modificada en más de una decena de ocasiones mantiene ambigüedades en su Título Tercero, Capítulo I, al mezclar en un mismo nivel las formas de agresión con los contextos en los que se ejercen. Esta falta de claridad, señaló la legisladora, no solo genera confusión jurídica sino que también complica la planeación e implementación de políticas públicas especializadas en prevención, atención y sanción de la violencia de género.
La iniciativa plantea distinguir entre los “tipos” de violencia —como las manifestaciones físicas, psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales y obstétricas— y las “modalidades” de violencia, que se refieren a los ámbitos donde estas se presentan, como el familiar, laboral, docente, comunitario, institucional o digital. Esta armonización con la Ley General permitirá mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno, facilitar la elaboración de protocolos diferenciados y fortalecer la capacidad institucional para actuar según el tipo de daño y el contexto donde ocurre.
La legisladora recordó que México mantiene compromisos internacionales en la materia, derivados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, que exigen marcos normativos claros y aplicables. En este sentido, mencionó que en casos como “Campo Algodonero vs. México”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la falta de precisión legislativa puede limitar la actuación estatal frente a la violencia feminicida y obstaculizar el acceso efectivo a la justicia.
Para concretar el cambio, la propuesta contempla adicionar una fracción XXIV al artículo 5 de la Ley 553 para definir las “Modalidades de violencia”, reformar la denominación del Capítulo I del Título Tercero para que se lea “De los Tipos y Modalidades de Violencia” y reestructurar el artículo 9 para clasificar las definiciones actuales bajo estos dos apartados.
Con ello, se busca dotar de mayor coherencia al marco jurídico estatal y fortalecer los mecanismos de actuación de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres guerrerenses.
Guillén Román concluyó que la reforma representa un avance técnico-jurídico necesario para armonizar la legislación local con los estándares nacionales e internacionales, al tiempo que contribuye a mejorar la rendición de cuentas y la eficacia de las políticas públicas en materia de igualdad y no violencia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para ser dictaminada.
