Zona Cero
Roberto Santos
En medio de un proceso electoral que comienza a perfilar candidaturas, alianzas y también riesgos para las libertades públicas, cobra vigencia el testimonio que en diciembre de 2025 presentó Igor Petit bajo el título “Del silencio a la justicia”, presentado ante personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Igor Petit, el alter ego con el que Manuel Castillo Jaimes transformó el dolor en resistencia, y lo convirtió en bandera de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+ en Guerrero, como bien lo expuso en la crónica de una relación compleja entre esta comunidad y las instituciones, marcada por el abuso, el miedo y, más recientemente, por un intento de transformación institucional con las nuevas autoridades al frente.
Su relato frente a policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público fue, en los hechos, una interpelación directa a quienes durante décadas encarnaron la violencia que hoy dicen combatir.
Petit no escatima en describir esa memoria al recordar “escenas crueles”, de golpes, “de miradas que lastiman”, de una adolescencia atravesada por la brutalidad de quienes debían proteger.
Ese pasado que lo desvela la noche previa a su intervención es una denuncia viva. Y, sin embargo, el giro de su narrativa ocurre cuando reconoce que encontró una institución distinta, con rostros jóvenes y una aparente vocación por los derechos humanos.
Ese contraste —entre la Procuraduría opresora de los años 70, 80 y 90 y la Fiscalía que hoy abre espacios de diálogo— es el núcleo de su mensaje: el cambio es posible, pero no está garantizado.
Ahí radica la fuerza política de su discurso en el momento actual. Cuando advierte que aún persisten “resquicios de discriminación” derivados de vacíos legales y de una cultura machista profundamente arraigada, está señalando que los avances institucionales son insuficientes si no van acompañados de voluntad política sostenida.
Y esa advertencia se vuelve particularmente pertinente cuando en el país se discuten reformas y decisiones que podrían acotar libertades, incluidas las de periodistas y plataformas informativas.
La historia que narra Petit es, en el fondo, un recordatorio de lo fácil que es retroceder cuando el poder se ejerce sin contrapesos.
Igor pone énfasis en el acompañamiento de periodistas, a quienes reconoce como aliados en una lucha que durante años se libró en condiciones de aislamiento.
Y eso es importante porque atravesamos por un momento donde el ejercicio periodístico enfrenta presiones, descalificaciones y tentaciones de control, por lo que ese reconocimiento es relevante porque la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión no son causas separadas, sino trincheras comunes.
Lo que Petit agradece es, en realidad, la existencia de una red social que hizo posible que su voz no fuera silenciada durante la defensa de sus compañeros de la comunidad LGBT+.
Bajo esa lógica, la eventual llegada de perfiles como Igor Petit a espacios legislativos en el próximo proceso electoral, tendría que verse como una necesidad social y política.
Sobre todo porque su discurso no es el de quien descubre el hilo negro de los derechos humanos en campaña, sino el de quien la ha encarnado durante décadas.
No debemos ignorar que vivimos momentos donde el autoritarismo asoma en matices sutiles en algunos aspectos y en otros de manera más descarnada, por lo que son necesarios liderazgos con memoria, con voz propia y con una historia que los respalde para que puedan marcar la diferencia entre legislar para el poder o legislar para la dignidad.
