Mi Perspectiva entre Líneas
Por Marfred Ángel
Introducción: el hecho, el contexto y la indignación social
La noche del Festival de las Velas en Uruapan terminó en balas, confusión y la muerte del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez. Un hombre que hablaba de y actuaba con mano dura contra el crimen organizado, quien en un acto público y —en pleno centro, frente a cientos de personas— recibió disparos que le quitaron la vida. El país observa, indignado: el homicidio de un alcalde en plena celebración de una tradición ciudadana se lee como un síntoma grave, una afrenta directa a la autoridad y una provocación a la paciencia de la sociedad. Las protestas y la ira popular que precedió este hecho, que incluyeron marchas en Uruapan y Morelia y ataques a oficinas de gobierno, son el lenguaje de una comunidad que ya no soporta más noticias de violencia.
Quién era Carlos Manzo: trayectoria y estilo de gobierno
Carlos Manzo conocido como “el del sombrero”, tenía 40 años de edad, estudio Ciencias Políticas y Gestión Pública, llegó a la presidencia municipal de Uruapan con el 66.7% de la votación el 1 de septiembre de 2024, como el primer alcalde electo por la vía independiente en ese municipio. Antes fue diputado federal por Morena, pero su sello político más reciente fue la promesa de mano dura contra la delincuencia: depuró áreas policiales, denunció a autoridades locales por presunta complicidad y en varias ocasiones pidió “no tener consideración” al enfrentarse con grupos criminales, incluso instruyendo a la policía local a abrir fuego contra agresores cuando fuera necesario. Esa postura lo acercó a la figura del “gobierno duro” y le valió comparaciones con líderes autoritarios— admirados por dar sus resultados y criticados por sus políticas de actuación; en múltiples ocasiones pidió ayuda a la federación para su lucha contra la delincuencia, apenas el pasado 8 de octubre publicó en Facebook
un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, “no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde a la Federación atender “.
El contexto de la violencia en Uruapan
Uruapan, corazón productivo de la Meseta Purhépecha y epicentro del aguacate, se ha convertido en escenario de disputa entre cárteles por rutas, cosechas y plazas. La violencia organizada se ha sofisticado: emboscadas, incursiones, cobros de piso y control territorial. Manzo asumió la alcaldía en esa efervescencia de la delincuencia y decidió confrontarla públicamente; su determinación lo hizo un blanco de ataque. La noche del asesinato, según autoridades federales, hubo varios participantes, el agresor fue abatido y otros 2 presuntos involucrados detenidos, las investigaciones se apoyan en videos y testimonios. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024 y con un cerco reforzado desde mayo, y que en el operativo había 14 elementos de la Guardia Nacional además de policías municipales. ¿Cómo fue posible que, con esa vigilancia, el homicida se acercara y cumpliera su objetivo? Esa pregunta arde en la opinión pública.
Recuento: autoridades municipales asesinadas en la etapa reciente (4T)
Los homicidios contra servidores públicos locales se han multiplicado en años recientes. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se reportaron 23 homicidios, en promedio uno cada tres meses; en lo que va del periodo de Claudia Sheinbaum se contabilizan 10 presidentes municipales asesinados, 3 en Michoacán, 3 en Oaxaca, 2 en Guerrero: Alejandro Arcos Catalán de Chilpancingo e Isaías Rojas Ramírez de Metlatónoc, 1 en San Luis Potosí y 1 en Hidalgo, todos caídos a causa de la violencia. Estos números no son simplemente estadísticas: son alcalde tras alcalde convirtiéndose en blanco del crimen, un patrón que refleja la debilidad de la seguridad pública frente a organizaciones criminales.
¿Desinformación? o ¿estrategia de ataque al gobierno?
Tras el ataque circularon versiones en redes y algunos medios que afirmaban que Manzo había solicitado protección federal y no la había obtenido, publicaciones que fueron replicadas por muchos usuario. El conflicto informativo se resolvió parcialmente con la versión oficial: la Secretaría de Seguridad (por boca de Harfuch) dijo que Manzo sí contaba con protección desde diciembre de 2024 y con refuerzos desde mayo. Las versiones erróneas después del crimen, ¿fueron desinformación o una estrategia de desprestigio político?
La desinformación en redes tiene, en estos episodios, efectos políticos inmediatos: erosiona la confianza en las instituciones y permite que se use una narrativa para acusar o exonerar. Debemos de saber distinguir la rumorología de los hechos: la versión pública de la federal, que afirma que sí hubo protección —y aún así falló— lo cual vuelve más grave la pregunta central: si había guardias y elementos próximos, ¿qué falló en el perímetro, en los protocolos o en la cadena de inteligencia?
El asesinato: ¿Estrategia del crimen y operativo fallido?
La escena apunta a un ataque planificado —con una agresión en la que aprovecharon la multitud y un acto público— y a un operativo que no supo evitarlo. Harfuch detalló que el cerco de protección incluía policías municipales y 14 elementos de la Guardia Nacional. Aun así, la agresión ocurrió a corta distancia. La delincuencia demostró capacidad de acción y el operativo de seguridad incapacidad de actuación, razones que deben investigarse. ¿Se trata de inteligencia insuficiente, de filtraciones, de una reacción tardía o de una deliberada apuesta del crimen por socavar la autoridad exhibiendo su capacidad de ataque?
Indignación social y manifestaciones
La muerte de Manzo detonó indignación y enardecimiento social: marchas de repudio en Uruapan y Morelia, consignas contra la impunidad, he inclusive, episodios violentos. En Morelia manifestantes entraron al Palacio de Gobierno, causaron destrozos y provocaron incendios en las oficinas; la Fiscalía reportó áreas dañadas y detenciones. Las imágenes de gente enfurecida son la traducción visual de la desesperación cívica: la gente ya no confía solo en discursos; exige seguridad efectiva y una respuesta distinta por parte de los gobiernos. La protesta se convirtió en presión política directa, con consignas de voz como “¡Fuera Morena!” y “¡Justicia!”, que dejan la sensación de que la tolerancia social se resquebraja cuando los ciudadanos ven a sus representantes ser asesinados con una facilidad inaudita.
El último adiós: duelo público y cariño ciudadano
Aun en la rabia y la protesta hubo espacio para el duelo: el sepelio de Carlos Manzo fue multitudinario, con cortejos, música de mariachi, muestras de cariño y voces que pidieron justicia. La imagen del pueblo acompañando a su alcalde —algunos vestidos de negro, otros con pancartas— retrata un fenómeno complejo: Manzo era una figura polarizadora para algunos, pero para muchos otras era símbolo de la lucha contra el crimen organizado y merecedor del abrazo popular en su despedida. Esa contradicción explica por qué el asesinato despierta tanto amor como ira.
México: una larga lista de tragedias políticas
No es la primera vez que la violencia política cruza líneas rojas: en la historia reciente hemos visto asesinatos que marcaron al país —el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el asesinato del secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massiue, el crimen contra el cardenal Posadas Ocampo, ejecuciones de aspirantes y candidatos, desapariciones como la de los estudiantes de Ayotzinapa y el atentado contra Omar García Harfuch cuando fue secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México—. Cada acto violento deja una cicatriz institucional. El homicidio de un alcalde en plena plaza pública forma parte de ese relato sombrío: es el recordatorio de que la democracia y la seguridad siguen siendo frágiles cuando el crimen tiene capacidad de desafiar al Estado.
Reflexión final: ¿qué está pasando en México y cómo debemos actuar?
El asesinato de Carlos Manzo obliga a mirar en dos direcciones: hacia afuera, para desarticular las redes del crimen que operan con impunidad; y hacia adentro, para revisar los fallos del Estado —inteligencia, coordinación, protección y justicia—. No basta con enviar más patrullas se deben de aplicar estrategias que den resultados efectivos en la lucha contra la delincuencia. El trabajo en seguridad del sobreviviente Harfuch ¿dará logros reales o pasará a la historia como un personaje sobrevalorado en el cuál se apostaron muchas expectativas?
La sociedad tiene responsabilidades igualmente claras: denunciar, exigir rendición de cuentas, no normalizar la violencia y apoyar procesos de verdad y justicia. La indignación puede ser poderosa, pero también efímera; para que no se agote en agresiones vandálicas, debe transformarse en presión institucional sostenida: solicitudes de auditoría a protocolos de protección, demandas por transparencia en las investigaciones, acompañamiento a las familias de las víctimas y exigencia de resultados judiciales.
Este asesinato no es un hecho aislado. Es una llamada de alarma: si no reforzamos el Estado de derecho y si no recuperamos la confianza ciudadana, cada plaza pública puede convertirse en un riesgo. La obligación de los mexicanos es clara: exigir verdad, justicia y políticas de seguridad que no sólo se exhiban en ceremonias, sino que protejan la vida diaria. Como mexicanos tenemos que seguir confiando en nuestras instituciones mas no debemos solapar sus errores.
Mientras tanto, hay un luto profundo en la familia de Manzo, en Uruapan, en Michoacán y en todo México.
Esta es solo mi humilde opinión, siempre la mejor opinión es la de usted amable lector. Hasta la próxima lectura.
