La renuncia de Vidulfo Rosales Sierra como abogado de los 43 Normalistas de Ayotzinapa confirma lo que muchos sospechaban: el caso más doloroso y emblemático de la última década en México fue también el trampolín político y personal de quien se presentó como defensor incansable de la justicia.
Durante casi 11 años, Rosales fue la voz de los padres y madres de los desaparecidos, el rostro visible de la exigencia de verdad. Pero hoy, su repentina decisión se da luego de que, en un medio de comunicación, Rosales Sierra expresó que está valorando si se incorpora como asesor de Hugo Aguilar, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su presencia en la reciente reunión de ministros electos no es casualidad; tampoco lo es la invitación del próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, para integrarse al máximo tribunal del país. Lo que parecía una causa noble terminó siendo la plataforma perfecta para abrirse paso en la élite judicial.
La pregunta es inevitable: ¿Rosales estuvo siempre del lado de los padres, o del lado de su propio proyecto? Porque mientras él se encamina a los reflectores de la SCJN, las familias de los 43 siguen en la oscuridad, sin justicia y con un vacío legal que su salida profundiza.
El movimiento por Ayotzinapa exigía verdad, justicia y dignidad. Lo que deja Rosales, en cambio, es un amargo sabor a traición disfrazada de triunfo personal.
