Roberto Santos
Parece que esta vez va en serio la revisión de cuentas. Aunque la Cuenta Pública 2023 ya fue aprobada por el Congreso local, el diputado Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, ha encendido las alarmas, al poner en duda el manejo del recurso millonario y que no puede pasarse por alto, por lo que exige explicaciones puntuales de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Lo que parecía un trámite cerrado, de pronto tomó un giro inesperado. En la sesión ordinaria del pasado 5 de noviembre, Badillo Escamilla subió a tribuna y exhibió presuntas anomalías financieras en el periodo en que Yoloczin Domínguez Serna, hoy diputada federal, presidía la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.
No se trata de una declaración menor: según el legislador, de los 751 millones de pesos ejercidos en 2023, la ASE solo revisó el 17.19%, lo que abre la puerta a más de una sospecha.
Badillo no está solo. Aunque el coordinador de los diputados de Morena, Jesús Urióstegui García, explicó que se trata de un
“tema técnico, no político”, lo cierto es que ya reconoció que las dudas de su compañero deben ser atendidas y desahogadas por el órgano fiscalizador.
En sus palabras: “Es un tema que tiene que atender y desahogar el titular de la ASE, Marco César París Peralta Hidalgo.”
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede haberse aprobado una cuenta pública que aún genera dudas dentro de la misma bancada mayoritaria?
Más aún, ¿por qué la revisión solo abarcó una fracción tan limitada del gasto público?
Jacko Badillo sostiene que el método utilizado por la ASE no siguió las normas internacionales de auditoría, como presume su titular, sino una simple “fórmula” definida por la propia dependencia.
Si esto se confirma, estaríamos frente a una evaluación incompleta o sesgada, lo que podría comprometer la transparencia de todo el proceso.
Por ahora, Badillo ha pedido formalmente que la Auditoría Superior del Estado rinda cuentas y con oficio en mano pide que se realice una auditoría forense, con el propósito de aclarar toda duda, porque la deuda pública no está concluida porque la ley marca cinco años.
Urióstegui insiste en que el asunto “no debe politizarse”, pero el tema ya está sobre la mesa de la Jucopo, y será más sano transparentar el uso de esos recursos.
El mensaje es claro: la revisión no se cierra mientras haya dudas. Y si los números no cuadran, más vale que se aclaren antes de que la polémica se transforme en crisis y termine por afectar la legislatura en general.
