Por: Felipe Alarcón.
El artículo 3⁰ de la Constitución Mexicana es claro: la educación debe ser laica y gratuita. Sin embargo, en Guerrero la realidad es distinta. Miles de jóvenes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) se ven obligados a pagar cuotas que contradicen ese principio fundamental.
En estos días, largas filas de estudiantes abarrotan los bancos para poder realizar su pago de inscripción o reinscripción, condición indispensable para no perder su lugar en la institución.
El costo por reinscripción asciende a $515 pesos por alumno, lo que significa ingresos millonarios si se considera que solo la Preparatoria Número 1 “Profr. Aarón M. Flores” cuenta con más de 1,500 estudiantes.
Los alumnos de nuevo ingreso enfrentan una carga económica aún más pesada:
$920 pesos de inscripción,
$200 pesos por un curso,
$350 por una playera escolar,
$200 por un pantalón,
$250 por un suéter.
En total, $1,670 pesos por estudiante de nivel medio superior.
De acuerdo con cifras oficiales, hasta noviembre de 2024 la UAGro contaba con 84 mil estudiantes en todos sus niveles. Si cada uno realiza estos pagos obligatorios, las cantidades que recauda la institución resultan exorbitantes, mientras que las familias, muchas de ellas de escasos recursos tienen que endeudarse o sacrificar necesidades básicas para que sus hijos sigan estudiando.
La contradicción es evidente: mientras la Constitución garantiza la educación gratuita, en la práctica los estudiantes de la UAGro deben pagar por su derecho a estudiar. Una realidad que desnuda la precariedad del sistema educativo y el abandono de los jóvenes en un estado con altos índices de pobreza.
Por ello, es urgente que la Rectoría de la UAGro y las autoridades educativas transparenten el destino de estos recursos y expliquen por qué se cobra lo que, en esencia, debería ser gratuito. El derecho a la educación no puede seguir siendo una carga económica para las familias guerrerenses ni una mina de oro para unos cuantos.
La educación pública debe ser un derecho, no un negocio.
