Redacción
Chilpancingo, Gro., 02 de julio de 2025.– El diputado Héctor Suárez Basurto presentó una iniciativa con el objetivo de establecer sanciones penales para quienes promuevan, lotifiquen, vendan, se asienten o construyan en zonas de alto riesgo, con el fin de proteger la vida, el patrimonio y el entorno ambiental, así como prevenir desastres naturales y ordenar el crecimiento urbano conforme a criterios de sostenibilidad y seguridad.
Durante su intervención en tribuna, Basurto explicó que su propuesta tiene como objetivo salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, así como proteger el equilibrio ecológico, prevenir desastres naturales y ordenar el crecimiento urbano bajo criterios de sostenibilidad.
La propuesta contempla reformar y adicionar los artículos 351, 353 y 353 Bis del Código Penal del Estado, así como incorporar un segundo párrafo al artículo 93 de la Ley Número 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero.
“Los fenómenos naturales de gran escala que se han registrado recientemente en el territorio estatal ponen en riesgo la vida de todas las personas que se encuentran en zonas cercanas a cauces de ríos o barrancas”, advirtió Suárez Basurto, quien hizo referencia a casos como el huracán Otis en 2023, el huracán John en 2024 y el reciente huracán Erick, que afectó severamente a municipios de la Costa Chica.
Además, la iniciativa contempla penas de 3 a 6 años de prisión, así como multas de 500 a 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente, para quienes incurran en estas conductas.
El legislador también advirtió sobre la participación de particulares e incluso servidores públicos que, de manera irregular, cambian el uso de suelo y comercializan terrenos sin contar con dictámenes técnicos ni autorizaciones oficiales.
Subrayó que aunque ya existe un marco legal en la materia, éste ha sido insuficiente para frenar el crecimiento de asentamientos irregulares, sobre todo en ciudades como Chilpancingo y Acapulco, donde no hay reservas territoriales para la reubicación.
“Esta situación genera para el Estado problemas de carácter político, social, económico y de seguridad. Ante desastres naturales, estas áreas suelen ser las más afectadas, lo que obliga a desplegar recursos públicos que podrían destinarse a salud, educación o cultura”, enfatizó.
El diputado morenista destacó que en entidades como Oaxaca, Michoacán y el Estado de México ya se han tipificado este tipo de conductas como delitos, por lo que #Guerrero debe avanzar en la misma ruta.
Finalmente, convocó a las y los legisladores a respaldar su propuesta; “No podemos seguir ignorando una realidad que pone en riesgo vidas humanas y que compromete el futuro de nuestro territorio”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su análisis y dictaminación.
