* Andrés Orozco Pintos habría sido sancionado por irregularidades administrativas relacionadas con el manejo de recursos por alrededor de 12 millones de pesos.
* El procedimiento se desprende de la fiscalización de la Cuenta Pública 2023 y de investigaciones relacionadas con presuntas falsificaciones de firmas de diputados.
Por Adrián Bandera Pérez
Chilpancingo, Gro.07/10/2026.— El Órgano de Control Interno del Congreso del Estado de Guerrero, a través del Área de Responsabilidades, habría determinado una sanción administrativa contra Andrés Orozco Pintos, quien se desempeñó como secretario de Finanzas del Poder Legislativo durante el periodo en que Yoloczin Domínguez Serna estuvo al frente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
De acuerdo con documentos que obran en poder de este medio, el exservidor público fue notificado el 23 de febrero de 2026 sobre una resolución definitiva dentro del expediente CEG/LXIV/OIC/PRA03/2025, relacionado con la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023.
Según la documentación consultada, a Orozco Pintos se le habría atribuido responsabilidad administrativa por no supervisar adecuadamente determinados pagos que habrían excedido los montos autorizados, por un importe señalado de 263 mil 503 pesos por diputado.
La información forma parte de las investigaciones y procedimientos administrativos que se han generado en torno al ejercicio de recursos del Congreso estatal y que, paralelamente, han cobrado relevancia a raíz de las indagatorias sobre presuntas falsificaciones de firmas de legisladores y posibles irregularidades financieras.
De acuerdo con los documentos referidos, el monto observado podría alcanzar aproximadamente 12 millones de pesos, considerando los recursos presuntamente entregados a integrantes de la entonces LXIII Legislatura.
La resolución habría establecido una responsabilidad por omisión en las funciones de supervisión financiera, sin que ello implique, por sí mismo, que el exfuncionario haya sido señalado como responsable directo de una falsificación de firmas o de un delito, asuntos que correspondería determinar a las autoridades competentes.
Asimismo, dentro de este contexto, se habría requerido información a otros servidores públicos y exfuncionarios relacionados con el ejercicio de dichos recursos, entre ellos la entonces presidenta de la JUCOPO, Yoloczin Domínguez Serna, con el propósito de esclarecer el destino y comprobación de los recursos observados.
Uno de los puntos que ha generado cuestionamientos es que, de acuerdo con la documentación citada, los recursos observados no habrían estado contemplados originalmente dentro del presupuesto anual autorizado, por lo que su ejercicio fue objeto de revisión por las instancias de control.
La resolución administrativa contra Orozco Pintos representa uno de los procedimientos derivados de la revisión del manejo financiero del Congreso de Guerrero durante ese periodo. Las investigaciones y procedimientos relacionados con las presuntas irregularidades deberán continuar su curso ante las instancias correspondientes, respetando en todo momento el derecho de audiencia y la presunción de inocencia de las personas involucradas.
