Por / Enrique González Guerrero
Chilpancingo, Gro.— Habitantes de la colonia Lomas del Poniente denunciaron presuntos cobros irregulares y amenazas relacionadas con el suministro de agua potable, al señalar que un grupo de personas les exige el pago de 600 pesos mensuales bajo la advertencia de suspenderles el servicio en caso de incumplimiento.
De acuerdo con los vecinos, quienes realizan los cobros se ostentan como integrantes del Comité de Agua de Peña Rajada, organización que, aseguran, lleva más de una década realizando estas acciones.
Los denunciantes señalaron a Andrea Hernández, Miguel Martínez Rodríguez y Luis Zacarías como algunas de las personas que presuntamente participan en la administración y recaudación de los recursos. En el caso de Zacarías, afirmaron que es trabajador de la Dirección de Cultura del Gobierno del Estado.
Los habitantes cuestionaron la legalidad y facultades del comité para realizar dichos cobros y ordenar la suspensión del suministro, por lo que solicitaron a las autoridades competentes revisar la situación jurídica del sistema de agua de Peña Rajada y determinar quién está facultado para administrarlo.
Asimismo, los vecinos hicieron señalamientos contra quien se desempeñó anteriormente como presidente del Comité de Desarrollo de la colonia, a quien atribuyen la concentración de parte de los recursos recaudados y presuntas amenazas relacionadas con el suministro de agua.
También mencionaron a un trabajador de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y señalaron que, presuntamente, existiría respaldo de funcionarios de esa dependencia. Estos señalamientos corresponden a las declaraciones de los denunciantes y deberán ser investigados y acreditados por las autoridades.
Los colonos demandaron transparencia en el manejo de los recursos, claridad sobre la administración del agua y una investigación formal que permita determinar si existen cobros indebidos, amenazas o cualquier otra conducta constitutiva de delito.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para que intervengan y garanticen que el acceso al agua se administre conforme a la ley y sin presiones o amenazas contra los habitantes de la colonia.
