Leopoldo Calderón
Quechultenango. Gro., 17 de septiembre de 2026.- Una jornada de violencia y tensión entre pobladores y fuerzas de seguridad dejó un saldo preliminar de personas muertas y heridas, vehículos oficiales vandalizados, una patrulla incendiada y 29 elementos de corporaciones estatales y federales retenidos durante varias horas en la cabecera municipal de Quechultenango.
Los hechos comenzaron alrededor del mediodía en la zona del llamado Circuito Río Azul, que comunica a Chilpancingo con Petaquillas, Mochitlán y Quechultenango, cuando elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona.
De acuerdo con fuentes de seguridad, durante la jornada, el avance de las corporaciones fue bloqueado por pobladores en distintos puntos, principalmente sobre la carretera Mochitlán-Quechultenango, donde fueron atravesados camiones de carga, maquinaria pesada y unidades del transporte público para impedir el paso de los uniformados.
En la comunidad de Zacatzonapa, municipio de Tixtla, también se registraron movilizaciones y bloqueos. Posteriormente, la tensión se extendió hacia Quechultenango, donde los pobladores se concentraron en los accesos de la cabecera municipal.
Algunos de los inconformes portaban palos, tubos y machetes, mientras que las fuerzas de seguridad intentaban avanzar hacia la población.
Durante la confrontación, varias unidades del transporte público resultaron dañadas. Reportes de la zona señalaron que entre seis y siete urvans de la ruta del Circuito Río Azul presentaban múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.
La situación se agravó cuando los pobladores llegaron hasta el Gimnasio Municipal de Quechultenango, donde se encontraban agentes policíacos que conforman la BOI (Base de Operaciones Interinstitucionales).
Ahí, una patrulla de la Policía Estatal fue incendiada, mientras que otras unidades oficiales fueron vandalizadas. Fuentes de seguridad coinciden en la quema de al menos una patrulla, aunque existen versiones distintas respecto al número total de vehículos afectados.
La quema de la unidad ocurrió en medio de la oposición de los pobladores al ingreso de las fuerzas de seguridad y después de una confrontación registrada en los accesos del municipio. Posteriormente, los inconformes retuvieron a los elementos que se encontraban en el lugar.
Inicialmente se informó que eran 19 los uniformados retenidos; sin embargo, posteriormente se confirmó que eran 29: 16 militares y 13 policías estatales, quienes permanecieron retenidos durante varias horas.
Como consecuencia de la confrontación, reportes preliminares señalaron que al menos ocho civiles resultaron heridos y que dos personas habrían muerto por disparos de arma de fuego.
En el Hospital de Chilapa fueron atendidos dos hombres originarios de Quechultenango: Lorenzo, de 47 años de edad, y José, de 63 años, quienes llegaron con lesiones relacionadas con los hechos.
Mientras que en Chilpancingo, un hombre baleado fue ingresado sin signos vitales al Hospital privado del Sur. Posteriormente, familiares trasladaron el cadáver hasta su domicilio.
Hasta el cierre de esta información, las autoridades no habían confirmado oficialmente el número de personas fallecidas ni establecido públicamente las circunstancias en que ocurrieron los disparos.
Durante un diálogo con un mando militar, pobladores manifestaron su rechazo a la presencia de las corporaciones y denunciaron presuntos abusos cometidos durante operativos anteriores, entre ellos supuestos robos y extorsiones.
Más tarde, el presidente municipal de Quechultenango, David Astudillo Morales, sostuvo una reunión con autoridades estatales y mandos de las fuerzas de seguridad. El alcalde afirmó que los 29 elementos se encontraban bien y que no habían sido golpeados.
También señaló que las corporaciones llevaban aproximadamente dos años instaladas en el municipio y que hasta antes de estos acontecimientos habían mantenido comunicación y coordinación con el Ayuntamiento.
El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que la presencia de las fuerzas de seguridad correspondía a un recorrido de rutina y que los presidentes municipales de Mochitlán y Quechultenango tenían conocimiento del mismo.
Sin embargo, versiones de fuentes de seguridad indicaron que el operativo estaría relacionado con acciones contra policías municipales y con investigaciones de seguridad en la región.
Algunos reportes incluso señalaron la presunta detención de alrededor de 17 policías municipales, aunque este reporte no fue confirmado oficialmente de manera pública durante la jornada.
La movilización también fue relacionada con el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional cuyo cuerpo fue localizado el pasado 5 de septiembre en el municipio de Juan R. Escudero.
La región ha sido señalada en reportes de un grupo delictivo que opera en la zona. Esa referencia fue utilizada por fuentes de seguridad para contextualizar la resistencia a los operativos, aunque durante la jornada no se informó oficialmente que los pobladores que participaron en los bloqueos pertenecieran a dicha organización.
Después de varias horas de tensión, decenas de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal ingresaron a la cabecera municipal con vehículos blindados, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.
Finalmente, poco antes de las 18:00 horas, los 29 elementos retenidos fueron liberados. Los uniformados fueron escoltados fuera de Quechultenango y el convoy tomó dirección hacia Chilpancingo.
Hasta el cierre de esta información no se había informado oficialmente si fue recuperado todo el armamento que presuntamente les fue retirado durante la retención, ni si hubo personas detenidas por los hechos.
Como consecuencia de la situación de violencia registrada durante la jornada, transportistas anunciaron la suspensión del servicio para este viernes en la ruta Chilapa-Chilpancingo, así como en las rutas que circulan por el Circuito Río Azul. La medida afectará los recorridos que comunican a Chilapa, Tixtla, Chilpancingo, Mochitlán y Quechultenango, ante las condiciones de inseguridad y tensión que prevalecen en la zona.
La carretera Mochitlán-Quechultenango y otros puntos de la región permanecían bajo vigilancia de corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno.
