Por Enrique González Guerrero
En el Tecnológico de Chilpancingo, el conflicto por la cafetería ya dejó de ser un simple problema administrativo: hoy representa una disputa que mantiene dividida a la comunidad educativa y pone nuevamente bajo cuestionamiento la actuación de las autoridades del plantel.
Ante lo que los maestros consideran falta de oficio y capacidad para resolver el conflicto por parte de la directora Arely Bárcenas Nava, iniciaron un paro simbólico para exigir la liberación de la cafetería, un espacio que pertenece a la institución y cuya ocupación ha generado una fuerte controversia.
Los inconformes advierten que, si no existe una solución y no se libera el espacio, el movimiento podría convertirse en paro general.
Y aquí surge la pregunta obligada: ¿por qué tanta resistencia para entregar un espacio que no es propiedad particular?
La permanencia de Patricia Arriaga al frente de la cafetería ha provocado inconformidad entre trabajadores, quienes cuestionan los intereses que pudiera haber detrás de esta disputa. Incluso, señalan que Arriaga presume contar con la protección de una alta figura pública, situación que debería aclararse públicamente.
También se habla de la intervención de un notario y de acciones legales que, según los inconformes, han terminado favoreciendo a quien ocupa actualmente el espacio. Si todo está dentro de la legalidad, entonces, ¿por qué no transparentar documentos, permisos, contratos y resoluciones?
El asunto se vuelve todavía más delicado ante el señalamiento de que la directora Arely Bárcenas Nava presuntamente recibiría 10 mil pesos mensuales por permitir que su amiga Patricia Arriaga continúe operando la cafetería.
Este último señalamiento es grave y debe comprobarse con pruebas, porque de ser cierto estaríamos ante un asunto que ameritaría una investigación a fondo por las instancias correspondientes.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que un espacio propiedad de una institución educativa se convierta en motivo de pleitos, divisiones y sospechas.
La comunidad del Tecnológico merece respuestas.
¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene los documentos? ¿Quién está detrás de la resistencia? ¿Y, sobre todo, quién está ganando con este conflicto?
Las autoridades educativas tienen la palabra.
