Por / Enrique González Guerrero
Dar la cara en momentos críticos también habla de quienes están al frente de las instituciones.
Hoy, el Congreso de Guerrero y el pueblo guerrerense están ante un presunto desfalco y fraude financiero que, de acuerdo con documentos de una carpeta de investigación, involucra la falsificación de más de 50 cheques a nombre de la diputada Guadalupe García Villalva.
La legisladora habría presentado una denuncia ante la Fiscalía, dentro de la carpeta de investigación y oficio número 20053, en la que aparecen señalados diversos exfuncionarios y trabajadores relacionados con la anterior Coordinación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entre ellos Héctor Avilés Cruz, exfuncionario también del Ayuntamiento de Chilpancingo; Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo, Erick Chávez Medina, Ángel Cepesco Justo, Jorge Solís Ocaña y Samir Robles Estrada.
De acuerdo con los documentos que circulan públicamente, los movimientos estarían relacionados con la cuenta 00126475493 de BBVA.
Primero se habló en medios de comunicación de un monto cercano a 9 millones de pesos. Sin embargo, al cierre de esta nota, la cifra que se menciona en la documentación y versiones que circulan supera los 90 millones de pesos. Y aquí podría aparecer otro escándalo todavía mayor, relacionado con administraciones anteriores de la Jucopo.
Por eso la pregunta es directa:
¿Dónde están los diputados y exfuncionarios que tienen que dar la cara?
Es momento de que el diputado Jesús Urióstegui García, quien fue coordinador de la Jucopo, explique públicamente qué ocurrió con los funcionarios que estuvieron bajo su responsabilidad y qué conocimiento tuvo, en su momento, sobre estos hechos.
Porque cuando se habla de un posible desfalco millonario, no basta con guardar silencio. La sociedad tiene derecho a conocer qué ocurrió y quiénes deben responder ante las autoridades.
Dar la cara en momentos críticos habla bien de quien está al frente.
En contraste, el actual presidente de la Jucopo, diputado Jacko Badillo Escamilla, al ser cuestionado por reporteros sobre este asunto, dejó claro que será la Fiscalía y las autoridades fiscalizadoras quienes deberán investigar y determinar responsabilidades.
El Congreso, señaló, debe aportar toda la información que le sea requerida.
El Congreso no encubre, no prejuzga y tampoco persigue: colabora con las autoridades competentes para que los hechos sean esclarecidos conforme a derecho.
Cabe señalar que Gráfico de Guerrero cuenta con documentos relacionados con la investigación de la Fiscalía, mismos que ya circulan públicamente en redes sociales. Será la autoridad competente la que determine el alcance de las responsabilidades y, en su caso, quiénes deberán responder ante la ley.
Mientras tanto, la pregunta permanece:
¿Quién dará la cara ante el pueblo de Guerrero por este presunto desfalco millonario?
